La ministra de Ciencia e Innovación, Diana Morant, ha afirmado que si el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso del PP donde pide paralizar de forma cautelarísima la tramitación parlamentaria de la reforma que busca renovar el tribunal, se cruzaría «una línea que no se había atravesado en nuestro país en los últimos 40 años, absolutamente antidemocrática».
Así se ha expresado este jueves la ministra en Alicante, durante su presencia en el foro ‘Más Europa en el Mediterráneo’. El pleno extra del Congreso decidirá este jueves si se aprueban las enmiendas por las que se modifica el sistema de elección y llegada al TC de los dos candidatos nominados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a fin de superar la parálisis actual.
El PP presentó un recurso de amparo contra lo que su secretaria general, Cuca Gamarra, calificó de «ataque» del Gobierno al Poder Judicial. El recurso se dirige contra el acuerdo de la Mesa de la Comisión de Justicia adoptado el pasado lunes, por el que se admitieron –entre otras– las enmiendas parciales número 61 y 62 planteadas por el PSOE y Unidas Podemos en el marco de la proposición de ley por la que se deroga el delito de sedición. En un pleno extraordinario, el Constitucional decidirá este jueves si se admite a trámite este recurso.
A este respecto, Morant ha sostenido que, en caso de que el Constitucional impidiera la votación por parte del Congreso, se estaría «atravesando una línea que no se había atravesado en nuestro país en los últimos 40 años, absolutamente antidemocrática». «El Constitucional se podrá pronunciar sobre las leyes que apruebe el Congreso una vez aprobadas», ha aseverado.
Asimismo, respecto al recurso del PP, ha calificado de «antidemocrática» la actuación de los ‘populares’. «De alguna manera envía el mensaje de que las instituciones del Estado no son válidas si no están gobernadas por el PP», ha criticado.
De esta forma, ha expresado que no entiende la postura del PP. «Puede estar a favor o en contra de las propuestas y puede demostrarlo con su voto legítimo en el Congreso. Lo que no puede hacer es deslegitimar la capacidad que tiene el Gobierno de España, que nació de las urnas, de proponer cambios legislativos», ha recalcado.
«No puede deslegitimar la capacidad del Congreso de los Diputados, el poder legislativo que nace de la soberanía popular, de proponer y aprobar nuevas leyes, bloqueando o considerando o interponiendo recursos al Constitucional. Esperemos que no se lleve a cabo, porque sería una vulneración clarísima de la independencia de poderes», ha aseverado.
CRÍTICAS DE PAGE AL DELITO DE MALVERSACIÓN Asimismo, en el pleno extra del Congreso también se debatirá sobre la proposición de ley impulsada por el PSOE y Unidas Podemos que suprime el delito de sedición y modifica el de malversación. Consultada por las críticas del presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, quien señaló que «no es tolerable pactar con delincuentes su propia condena», Morant ha apuntado que, a su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez «está siendo muy valiente».
En este sentido, ha indicado que en 2017 el clima político con Catalunya era de «tensión social», con acontecimientos como la declaración unilateral de independencia o el «referéndum ilegal», lo que «tensionó y fracturó España». «Es una herencia que asumió Sánchez y que, desde el primer minuto, ha intentado reparar», ha expresado.
«Lo hemos hecho desde la política. Para nosotros, los problemas políticos se solucionan desde la política, no desde la justicia. No teníamos que haber llegado nunca a judicializar un problema político», ha añadido. A este respecto, ha defendido que la propuesta del PSOE respecto al delito de sedición busca «europeizar» el Código Penal español, ya que ha precisado que «no estaba homologado al de países europeos».
En la misma línea, ha detallado que, en el delito de malversación, buscan distinguir entre lo que consideran dos delitos distintos de malversación, pero ha resaltado que «no queda despenalizada». «Es diferente la malversación cuando uno se lleva dinero a su casa o se lo da a otro; o el hecho de que se haya producido un desvío presupuestario y, por ejemplo, un alcalde en vez de gastar el dinero que tenía que gastar en un pabellón lo haya gastado en pagar nóminas», ha ejemplificado.
