El Gobierno italiano de la primera ministra Giorgia Meloni ha aprobado este miércoles un nuevo decreto para gestionar los flujos migratorios, simplificar los trámites de solicitud de asilo y regular las acciones de las organizaciones humanitarias que operan en el mar Mediterráneo, endureciendo las multas contra las ONG.
Entre las medidas, las organizaciones humanitarias podrán realizar solo un único rescate que deberá ser comunicado de forma inmediata a las autoridades, con la solicitud de un puerto seguro. De no ser así, los capitanes se enfrentarán a una multa de hasta 10.000 euros, con posibilidad de inmovilización administrativa de 20 días para la embarcación.
La multa podría elevarse hasta los 50.000 euros, con la incautación del buque, a aquellos que no cumplan con el código de conducta y traten de entrar en aguas italianas sin la autorización debida por parte de las autoridades, según ha informado el diario ‘La Reppublica’.
Asimismo, los capitanes deberán informar a los migrantes a bordo sobre la posibilidad de solicitar asilo para que el país de cuya bandera sea la embarcación se ocupe del proceso. El decreto también contempla la prohibición de transbordos entre buques y sanciones administrativas o embargos a aquellos que incumplan estas medidas.
Italia ha registrado 88.000 llegadas a las costas italianas y más de 1.300 fallecidos o desaparecidos este año. Los principales argumentos del Ejecutivo de Meloni giran en torno a la supuesta falta de solidaridad europea y a las sospechas sobre las actividades de las ONG, a las que las autoridades siguen acusando de fomentar la migración desplegando barcos de rescate en la zona central del Mediterráneo.
Las ONG y las agencias de Naciones Unidas, por su parte, enfatizan la otra cara de la moneda, la de quienes buscan protección en el sur de Europa tras un largo periplo que tiene como penúltima escala Libia, país marcado por el conflicto desde hace más de una década y donde se han constatado todo tipo de abusos sobre migrantes y refugiados.
Las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos insisten en que Libia no puede ser considerado en ningún caso un puerto seguro para autorizar devoluciones, pero a principios de octubre la cifra de desembarcos en el país norteafricano ya superaba los 16.600, todos ellos obra de una Guardia Costera cuestionada también por sus prácticas represivas.
Fuente: (EUROPA PRESS)
