Human Rights Watch ha alertado este lunes de que Bahréin está utilizando sus leyes de aislamiento político y otras tácticas para mantener a activistas y exmiembros de partidos de la oposición al margen de los argos públicos y otros aspectos de la vida pública.
En un informe publicado este lunes, la ONG señala que «no se puede llamar a Bahréin una democracia» puesto que ha pasado la última década «reprimiendo a la oposición pacífica». Por ello, señalan que las próximas elecciones parlamentarias son una burla, al no poder ser ni libres ni justas cuando «cualquier oposición política es ilegal».
El poder judicial del país disolvió los dos principales partidos políticos del país, Al Wifaq y Wadad en 2016 y 2017 y la posterior introducción de leyes de aislamiento político han conllevado consecuencias punitivas individuales para los miembros de estos grupos de por vida.
Los activistas y defensores de los Derechos Humanos también se ven afectados por esta normativa, muchos de ellos fueron arrestados en la represión lanzada durante y después del levantamiento a favor de la democracia y en contra del gobierno de 2011.
HRW señala que abogados y la sociedad civil han interpretado, desde su aplicación, que estas leyes se dirigen contra aquellos que «perturbaron» el constitucionalismo de Bahréin o que renunciaron o boicotearon sus cargos electos para protestar contra las políticas represivas del gobierno.
Durante las elecciones parlamentarias de noviembre de 2018, las primeras elecciones durante las cuales estuvieron en vigor las normas de aislamiento político, el Ministerio de Justicia de Bahréin prohibió que al menos 12 ex figuras de la oposición se presentaran, mientras que muchos otros creyeron que serían víctimas de la ley y boicotearon las elecciones.
El informe también documenta las continuas detenciones y citaciones de ciudadanos de Bahrein por delitos relacionados con el habla. Un experiodista bahreiní declaró que debido a los «continuos arrestos desde 2011 hasta 2017, el miedo se convirtió en parte de lo que la gente experimenta a diario. Se volvió normal que las personas se autocensuren y se silencien antes de reaccionar».
HRW ha instado al Gobierno ha derogar esta normativa, poner fin a la práctica de negar certificados de buena conducta para castigar a los opositores y restablecer plenos derechos legales, políticos y civiles a todos los ciudadanos de Bahréin. Además, ha llamado a países occidentales como Estados Unidos, Reino Unido y a los 27 de la Unión Europea a presionar para que se ponga fin a estas prácticas.
«La otrora vibrante sociedad civil de Bahrein y la coalición de oposición están siendo eliminadas por leyes que codifican la represión del gobierno. Nadie debería hacerse la ilusión de que las ‘instituciones democráticas’ de Bahréin son algo más que una farsa, concluye el investigador de Medio Oriente y África del Norte de Human Rights Watch, Joey Shea.
