El expresidente de Sudáfrica Jacob Zuma ha presentado una demanda contra el actual mandatario, Cyril Ramaphosa, por «graves crímenes» no especificados, una medida que ha sido duramente criticada por la Presidencia, que ha acusado al exmandatario de «abusar de los procesos legales».
La Fundación de Jacob Zuma ha indicado en un comunicado que Ramaphosa ha sido demandado por «facilitar» crímenes «cometidos entre otros» por el fiscal Billy Downer sobre una presunta filtración de información privada.
Asimismo, ha recalcado que «los graves crímenes de los que está acusado Ramaphosa suponen una sentencia de 15 años de cárcel», antes de agregar que el caso ha sido ya presentado ante un tribunal de Sudáfrica. «El acusado realizará su primera comparecencia el 19 de enero de 2023», ha zanjado.
En respuesta, la Presidencia sudafricana ha dicho en un comunicado publicado a través de su página web que Ramaphosa «rechaza de la forma más firme el abuso de los procesos legales por parte de Zuma y la perversión del ‘nolle prosequi’ (sobreseimiento)».
En este sentido, ha explicado que este tipo de procedimientos «sólo pueden iniciarse después de que el individuo acusador haya obtenido un certificado de sobreseimiento», que sirve como «confirmación legal de que la Fiscalía no procederá con el caso tras considerar los cargos».
«Zuma no ha presentado un certificado así con los cargos en nombre de Ramaphosa», ha detallado, antes de apuntar que la petición «es un total desprecio a la ley». «Los cargos de Zuma se fundamentan en una acusación de que Ramaphosa no actuó cuando se quejó sobre una conducta inadecuada de Downer y (Andrew) Breitenbach», ha especificado.
«Estos cargos son totalmente falsos e infundados», ha dicho, antes de asegurar que «Ramaphosa respondió rápidamente a la carta de Zuma indicando los pasos que había dado, incluida la notificación al Ministerio de Justicia y Servicios Penitenciarios, que supervisa la NPA».
Por último, ha hecho hincapié en que Ramaphosa «no interfiere en los trabajos de la NPA ni tiene competencias para ello». «El presidente ha respondido a Zuma y ha adoptado todas las acciones legales permisibles», ha remachado la Presidencia, sin dar más detalles al respecto.
Downer es el fiscal que encabeza un juicio de corrupción contra Zuma en torno a presunta corrupción en un acuerdo de compra de armas a la empresa francesa Thales, cuyas vistas han sido aplazadas hasta el 30 de enero. El expresidente busca que el fiscal se recuse del caso.
Zuma, que siempre ha negado dichas acusaciones, se puede enfrentar a una pena de hasta 25 años de prisión si es hallado culpable. Su entrada en prisión a principios de año por desacato provocó una de las peores olas de violencia jamás vista en Sudáfrica desde el régimen del ‘apartheid’, dejando unos 350 muertos.
A pesar de que fue liberado por motivos médicos en septiembre, el Tribunal Supremo de Apelaciones de Bloemfontein falló en noviembre que el permiso fue ilegal y ordenó su vuelta a prisión, si bien el Servicio de Prisiones de Sudáfrica anunció una apelación.
Zuma fue el primer presidente elegido democráticamente en Sudáfrica que es condenado a prisión desde que el Congreso Nacional Africano (ANC) –partido que encabezó entre 2007 y 2017, cuando fue apartado en un consejo interno por su vicepresidente y actual mandatario, Cyril Ramaphosa– se hizo con el poder en 1994.
